Daños punitivos contra aseguradoras

Los daños punitivos no sólo han generado debate en casos de responsabilidad civil en general. En los últimos años, también han comenzado a adquirir especial relevancia en el ámbito de los seguros, donde los tribunales han tenido que analizar cuándo la conducta de una aseguradora puede ser lo suficientemente grave como para justificar este tipo de condena.

¿Puede una aseguradora ser condenada al pago de daños punitivos? ¿Basta con que incumpla un contrato de seguro? ¿Qué sucede cuando están involucrados derechos como la vida, la salud o la integridad de una persona?

En este blog revisaremos algunos de los principales casos y criterios judiciales relacionados con los daños punitivos y las aseguradoras. Te explicaremos de qué trató cada asunto, qué resolvieron los tribunales y, sobre todo, qué elementos deben analizarse para determinar cuándo una conducta de una compañía aseguradora puede ameritar una sanción de carácter punitivo y disuasorio.

Si eres abogado, trabajas en el sector asegurador o te interesa el derecho de seguros, este recorrido por los principales precedentes te ayudará a comprender cómo se está desarrollando esta figura en uno de los ámbitos donde puede tener mayores consecuencias.

1. Cuando la aseguradora actúa de mala fe

Uno de los precedentes más importantes es el Amparo Directo en Revisión 4306/2020 (sentencia completa, SCJN), que dio origen a la tesis jurisprudencial 1a./J. 123/2025 (11a.). En este caso, una mujer contrató un seguro de vida que incluía un beneficio adicional en caso de ser diagnosticada con determinados tipos de cáncer. Al contratar la póliza, la aseguradora no le entregó las condiciones generales del seguro. 

Tiempo después, la asegurada fue diagnosticada con cáncer cérvico uterino y solicitó el pago de la cobertura. Sin embargo, la aseguradora rechazó la reclamación argumentando que la enfermedad estaba excluida en las condiciones generales de la póliza. El problema era que dichas condiciones no habían sido entregadas a la asegurada al momento de contratar el seguro y, además, existían cuestionamientos sobre su registro ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

La Suprema Corte determinó que, en casos relacionados con la protección de la vida, la integridad o la salud, los daños punitivos pueden proceder cuando la aseguradora haya actuado con un alto grado de reprochabilidad. Para ello, deben analizarse aspectos como la gravedad de la conducta, el grado de responsabilidad y el cumplimiento de las obligaciones legales que corresponden a las compañías aseguradoras.

Este criterio es especialmente relevante porque establece que una aseguradora no puede simplemente invocar una exclusión contenida en unas condiciones generales que no entregó oportunamente a la persona asegurada. Cuando existe mala fe y una conducta particularmente grave, además de la indemnización correspondiente, pueden proceder los daños punitivos.

¿Qué nos deja este caso?

Los daños punitivos pueden proceder contra una aseguradora cuando su incumplimiento no sea simplemente un error o una controversia contractual, sino que exista una conducta particularmente grave y reprochable, especialmente cuando están involucrados derechos como la vida, la salud o la integridad de las personas.

2. La aseguradora debe ser responsable del daño que se pretende castigar

No cualquier conducta de una aseguradora puede dar lugar a daños punitivos. Esto quedó de manifiesto en el Amparo Directo 965/2022, resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, del que derivó la tesis aislada V.3o.C.T.15 C (11a.), registro digital 2029049. 

En este caso, una persona reclamó a una aseguradora el cumplimiento de un contrato de seguro y diversas prestaciones derivadas de la muerte de su hijo en un accidente. La aseguradora fue condenada al pago de daño moral y de daños punitivos debido a la conducta que había mantenido después del accidente.

Sin embargo, el Tribunal Colegiado estableció un límite importante: los daños punitivos deben estar relacionados con la conducta de la misma persona que causó el daño moral. No es jurídicamente posible aumentar la indemnización por daño moral causado por una persona distinta utilizando como fundamento únicamente la conducta posterior de la aseguradora.

Esto se debe a que los daños punitivos no constituyen una prestación completamente independiente del daño moral. Su función es agravar la condena cuando el propio responsable del daño ha actuado de una manera que merece un alto reproche social.

¿Qué nos deja este caso?

Una aseguradora no puede ser condenada a pagar daños punitivos simplemente porque tuvo una mala actitud después de un accidente causado por un tercero. Para que procedan, debe existir una relación entre la conducta de la aseguradora y el daño cuya reparación se pretende agravar.

3. Los daños punitivos también pueden proceder en acciones de responsabilidad civil

Otro criterio relevante surgió del Amparo Directo 465/2021, resuelto por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

En este asunto se discutió si los daños punitivos únicamente podían reclamarse dentro de acciones relacionadas con el daño moral. El Tribunal determinó que no. Los daños punitivos pueden proceder dentro de acciones de responsabilidad civil subjetiva, siempre que se actualicen los elementos necesarios para ello.

El criterio parte de que los daños punitivos tienen una función que va más allá de compensar económicamente a la víctima. También buscan sancionar conductas especialmente graves y disuadir al responsable de repetirlas en el futuro.

¿Qué nos deja este caso?

La procedencia de los daños punitivos no debe analizarse únicamente desde la etiqueta de la acción ejercida. Lo importante es determinar si existe una conducta ilícita suficientemente grave que justifique una consecuencia punitiva y disuasoria.

4. También pueden existir daños punitivos por conductas discriminatorias de una aseguradora

Un criterio más reciente se encuentra en el Amparo Directo 800/2022, resuelto el 19 de febrero de 2026 por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

El caso involucró a una familia que demandó a una aseguradora por diversas conductas relacionadas con un seguro de gastos médicos mayores. Entre ellas se encontraba el uso de expresiones basadas en estereotipos o prejuicios por razón de género, así como determinadas exclusiones relacionadas con parto, cesárea y tratamientos de infertilidad o esterilidad. También se cuestionó la demora en la entrega de las condiciones generales del seguro y el hecho de que las condiciones finalmente entregadas no coincidieran con las ofertadas.

El Tribunal consideró que estas conductas podían generar daño moral y que, debido a su especial gravedad, también podían justificar la imposición de daños punitivos. En particular, señaló que las expresiones discriminatorias y las actuaciones irregulares e injustificadas de una aseguradora pueden constituir conductas altamente reprochables que deben ser sancionadas y desincentivadas.

¿Qué nos deja este caso?
Las aseguradoras también pueden enfrentar daños punitivos cuando sus actuaciones vulneran derechos fundamentales mediante conductas discriminatorias o especialmente graves. Sin embargo, es importante señalar que este criterio corresponde a una tesis aislada, por lo que no tiene el mismo carácter obligatorio que la jurisprudencia 1a./J. 123/2025 (11a.).

Entonces, ¿cuándo pueden proceder los daños punitivos contra una aseguradora?

A partir de estos criterios, podemos identificar algunos elementos importantes. No basta con que una aseguradora incumpla un contrato para que automáticamente procedan los daños punitivos. Debe analizarse la conducta concreta de la compañía y determinar si alcanza un grado de gravedad y reprochabilidad suficientemente alto.

Entre las circunstancias que pueden ser relevantes se encuentran:

• La mala fe de la aseguradora.
• El incumplimiento injustificado de obligaciones legales y contractuales.
• La falta de entrega de las condiciones generales del seguro.
• El intento de hacer valer exclusiones que no fueron debidamente informadas o registradas.
• Conductas reiteradas o especialmente graves.
• Actuaciones que afecten derechos relacionados con la vida, la salud o la integridad de las personas.
• Conductas discriminatorias basadas en estereotipos o prejuicios.
• La posición de desigualdad que existe entre una compañía aseguradora y la persona asegurada.

En todos los casos, los daños punitivos deben entenderse como una medida excepcional. Su finalidad no es castigar cualquier incumplimiento contractual, sino imponer una consecuencia adicional cuando la conducta del responsable sea particularmente grave y resulte necesario generar un efecto punitivo y disuasorio.

Por ello, para determinar si una aseguradora puede ser condenada al pago de daños punitivos, el análisis no debe limitarse a preguntar «¿incumplió el contrato?», sino también «¿cómo incumplió?, ¿qué obligaciones tenía?, ¿qué tan grave fue su conducta y qué grado de reprochabilidad merece?».

Conclusión

Los casos analizados muestran que el simple incumplimiento de un contrato de seguro no significa automáticamente que una aseguradora deba pagar daños punitivos. Los tribunales deben analizar las circunstancias particulares del caso, la gravedad de la conducta, el grado de reprochabilidad y los derechos que pudieron verse afectados.

Los criterios más recientes también muestran una especial atención cuando la conducta de la aseguradora involucra derechos como la vida, la salud o la integridad de las personas, así como cuando existen elementos de mala fe, incumplimientos graves o conductas discriminatorias.

Por ello, los daños punitivos representan un tema que tanto las personas aseguradas como las compañías aseguradoras deben conocer. Para las primeras, permiten comprender qué herramientas jurídicas pueden existir frente a determinadas conductas especialmente graves. Para las segundas, muestran la importancia de cumplir no sólo con las obligaciones contractuales, sino también con los deberes legales y de responsabilidad que acompañan el desarrollo de la actividad aseguradora.